Indispensable participación de la sociedad civil para tener sistemas de justicia penal juvenil con verdadero enfoque restaurativo.

Autora: Violeta Maltos.

La Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa establece como deber para los Estados Iberoamericanos el fomentar la participación y el involucramiento activo de la sociedad civil, la comunidad y, de ser posible, el sector privado, en la construcción y la ejecución de una justicia juvenil restaurativa bajo la supervisión y la responsabilidad estatal, como parte de una justicia juvenil con enfoque restaurativo.

Los procesos, sean parcial, mayor o completamente restaurativos, pueden ser fuente de gran motivación y cambios importantes para las personas adolescentes, las víctimas, sus familias y comunidades, pero no pueden funcionar adecuadamente sin tener una variedad de servicios y actividades relacionados con salud, trabajo, capacitación, educación, deporte y cultura, a las que puedan ser canalizadas las personas para atender las necesidades y causas identificadas en cada proceso restaurativo. No sólo en tales procesos sino para el cumplimiento de los fines del sistema integral en general, es importante que las instituciones de procuración y administración de justicia penal juvenil, las instituciones públicas coadyuvantes, las instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil trabajen de forma coordinada.

En México, existen organizaciones de la sociedad civil que, con excelentes resultados y durante varios años, han realizado estas labores para acercar a la adolescencia en conflicto con la ley a servicios relacionados con la reintegración y la reinserción; lo anterior, ganándose la confianza de las personas operadoras del sistema integral y trabajando en conjunto con ellas.

Hay organizaciones de la sociedad civil que no realizan ningún tipo de procesos restaurativos, pero que sí tienen una gama de servicios y actividades relacionados con los ejes de reinserción, como Fundación Reintegra[1] y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, A. C., y otras que combinan ambos servicios, como Promoción para la Paz, A. C. en Nuevo León o la Red de Cohesión y Participación Ciudadana 1, 2, 3 por mí y por mi comunidad, A. C., en Chihuahua. Cada organización tiene sus propias líneas de trabajo; lo más importante es la coordinación entre ellas y con las autoridades del sistema integral, de modo que todos los servicios que se brindan puedan llegar a las personas destinatarias, con el marco legal y, desde luego, los requisitos y lineamientos de intervención necesarios establecidos a través de los convenios de colaboración respectivos.

Fundación Reintegra ha operado ininterrumpidamente desde 1993 y atiende actualmente al 60% de las personas adolescentes que cumplen una medida en la Ciudad de México y al menos a una persona de su familia (Fundación Reintegra, 2019). Desde 2013, comenzaron a medir la reincidencia por un periodo de un año posterior al cumplimiento de la medida —consideran reincidencia dos supuestos: el que se abra investigación por un nuevo hecho posiblemente constitutivo de delito en ese lapso o que la persona adolescente abandone el programa en Reintegra— y encontraron que sólo un 4% de personas adolescentes o adultas jóvenes  reinciden; en los años posteriores, ese porcentaje ha sido el mínimo sostenido, siendo 1.6% el último registrado al 30 de noviembre de 2021 —por abandono de programa en todos los supuestos—. Entre los servicios que ofrece se encuentran: diagnóstico individualizado a la persona adolescente y al menos un familiar; apoyo a la defensoría pública en la elaboración del reporte psicosocial; terapia individual y familiar; grupos de prevención del delito que llevan transversalmente componentes de cultura de la legalidad, género y cultura de paz; grupos y acompañamiento individual en caso de adicciones; asesoría jurídica en la que incluyen a la defensa; actividades lúdicas, recreativas y comunitarias; talleres de capacitación laboral; asesoría en temas de educación y tutorías para tareas y exámenes en la escuela en la que estudien o en el Instituto Nacional para la Educación de las personas Adultas —INEA—; construcción del proyecto de vida y apoyo para realizarlo, entre otras. Al ser interrogada sobre las bases del éxito de la intervención de Reintegra, Jimena Cándano Conesa, directora de la fundación, señala que: “privilegiar el trabajo en libertad y, sobre todo, considerar al ser humano, se trata de no ver el delito sino a la persona adolescente, de no tomar decisiones sobre su futuro sin tener información sobre su historia de vida y su situación. Esto no solamente va para las organizaciones de la sociedad civil, sino para todas las instituciones que conforman el sistema”. [2] 

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, A. C., con su modelo “Creemos en ti”, se enfoca en la reinserción social de adolescentes y personas adultas jóvenes de doce a veintinueve años en conflicto con la ley. El modelo atiende las cinco esferas del desarrollo humano: individual, familiar, educativo, comunitario y laboral, manteniendo contacto y dando seguimiento directo después de un año de concluir el programa. Tienen una reincidencia de 3.2%[3] —para efectos de la medición consideran reincidencia que recaiga una sentencia condenatoria por una conducta posterior—. No sólo hacen esta medición durante el año de seguimiento directo, sino con todas las personas adolescentes y adultas jóvenes que la organización ha atendido desde 2016 a la fecha. De forma anual, pasan la lista de las personas atendidas al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, a través de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, que revisa tanto en el sistema integral como en el sistema de justicia penal si la persona ha sido sentenciada por un nuevo delito.

En el último caso —Chihuahua—  la Sala Unitaria no sólo indaga si  la persona adolescente atendida por la sociedad civil  reincide —que recaiga sentencia posterior—, sino, además, compara la eficacia de  los servicios relacionados con ejes de reinserción que son brindados por instituciones públicas con los ofrecidos por estas últimas y entes privados, y ha encontrado  una  diferencia del   24% en términos de regreso al sistema: en el primer caso,  hay una reincidencia registrada —monitoreada tanto durante la adolescencia como en la adultez en los últimos cinco años— de un 27%, y, en el segundo, de apenas un  3%  (El Heraldo de Chihuahua, 2021).

Esta diferencia significativa en los efectos que impactan la reincidencia entre el trabajo de instituciones públicas y el de organizaciones de la sociedad civil se explica por el magistrado Rogelio Guzmán Holguín, titular de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, por varias razones; a saber, entre otras:

• “Las organizaciones de la sociedad civil brindan herramientas que no dan las entidades públicas, tales como habilidades y capacitación para trabajos diversos a los tradicionales. Por ejemplo, en el programa “Creo en Ti” enseñan a las personas adolescentes a llenar una solicitud de empleo, a cómo conducirse en una entrevista de trabajo, lo cual parece muy obvio, pero para muchas personas es una habilidad indispensable que nadie les ha enseñado nunca.
• Estoy convencido de que la intervención de organizaciones de la sociedad civil es mucho menos estigmatizante que cuando se brinda en entidades públicas y suele ser mucho más profesional y holística, porque tienen profesionales de criminología, psicología y trabajo social que las entidades públicas no tenemos, al menos no para eso, pues en los Tribunales para Tratamiento de Adicciones o en los Tribunales Especializados en Violencia Familiar tenemos criminólogos, pero sólo evalúan, no dan contención ni atención a las personas”.[4]

Hay organizaciones de la sociedad civil que combinan, con personas adolescentes y adultas jóvenes, los servicios relacionados con ejes de reinserción y, además, aplican procesos parcial, mayor o complemente restaurativos, como Promoción para la Paz en Nuevo León o la Red de Cohesión y Participación Ciudadana 1, 2, 3, por mí y por mi Comunidad en Chihuahua, que, con años de trabajo con adolescentes en espacios comunitarios y prevención en la esfera de la justicia cívica —su modelo de atención obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la Escala de Buenas Prácticas del JPV/USAID en 2019—, en 2021 se han extendido al sistema integral, agregando los servicios de justicia restaurativa y para este año tienen proyectado extender sus servicios a víctimas y personas ofendidas del delito en el sistema integral.[5]

Los datos e información anteriores no van dirigidos a considerar que deban encomendarse exclusivamente a las organizaciones los servicios relacionados con la reinserción, sean restaurativos o no, sino que debe resaltarse la importancia del trabajo colaborativo  —desde 2013, Chihuahua impulsó los esfuerzos de coordinación creando comisiones de reinserción que sesionan de manera mensual y que cuentan con subcomités para actividades más específicas— con interacción igualitaria entre autoridades, instituciones y organizaciones, que dirige la propia sociedad civil. La interacción igualitaria se refiere a que toda institución u organización integrante debe ajustarse a los requisitos y tiene igualdad de voz y voto en las sesiones, sin distinguir posiciones de autoridad, sino desde el objetivo común de trabajar en conjunto, compartir información y proporcionar servicios coordinados para la reintegración y la reinserción de las personas adolescentes que llegan al sistema integral.

El camino de la implementación y la consolidación del sistema integral no es corto ni sencillo y todavía hay muchas instituciones que no cuentan con suficientes servicios, vías de coordinación y comunicación efectiva o instrumentos de medición confiables, pero los cambios tan grandes como los que implican los paradigmas del sistema integral trascienden generaciones, no se logran en un corto plazo. Lo importante es colaborar y seguir procesos de mejora continua. No hay modelos perfectos, mas sí experiencias que en una u otra medida van funcionando y provocando cambios muy positivos.

Referencias:

• Fundación Reintegra, 2019. Informe anual 2019, Ciudad de México. [En línea]
  Available at: https://reintegra.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/INFORME_ANUAL_2019.pdf
• Fundación Reintegra, s.f. Página de la Fundación Reintegra. [En línea]
  Available at: https://reintegra.org.mx/
• El Heraldo de Chihuahua, 2021. Reincidencia de menores infractores es de hasta el 27%. El Heraldo de Chihuahua, 9 octubre, p. Versión digital. Recuperado en: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/reincidencia-de-menores-infractores-es-de-hasta-el-27-noticias-castigo-robos-danos-7315989.html

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[1] Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A. C.

[2] Información obtenida del Reporte de Actividades 2019 de la fundación y de entrevista de fecha 10 de diciembre de 2021, con la Mtra. Jimena Cándano Conesa, directora de Fundación Reintegra desde el año 2013.

[3] Esta información corresponde a la nota periodística referenciada de El Heraldo de Chihuahua y fue confirmada en entrevista con el Lic. Mario Erik Torres Gutiérrez, Director General del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, A. C., el 22 de noviembre de 2021.

[4] Información obtenida en entrevista con el Dr. Rogelio Guzmán Holguín, Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, realizada el 9 de diciembre de 2021.

[5] Esta información fue obtenida del Reporte Técnico de Resultados de Buenas Prácticas del Proyecto Juntos para la Prevención de la Violencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, complementado con entrevista realizada el 13 de diciembre de 2021, a la Lic. Emma Cecilia Olivares Gándara, directora ejecutiva de la organización desde  2011.