El país ha atravesado por distintos momentos para terminar de consolidar un nuevo modelo de derechos para adolescentes acusados de cometer conductas establecidas como delito en la ley. En 1990, una ley creó el Consejo tutelar de menores, como una parte de la Secretaría de Gobernación. El problema con el sistema tutelar es que se trataba a las personas adolescentes en conflicto con la ley como “enfermas”, incapaces de asumir responsabilidad de sus actos (incluso ni de entenderlos a cabalidad). El estado asumía una función de tutela, aunque las medidas que empleaban eran, en algunos casos, muy punitivas.
Es a partir de la reforma constitucional de diciembre de 2005 y de su consecuente revisión en junio de 2015, que ha sido posible ir ponderando cuál es el marco general que debe ser utilizado para enfrentar el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de forma tal que sus derechos sean respetados.
En el sistema que actualmente se está implementando, es un sistema de responsabilidad. Implica que las personas adolescentes son capaces de comprender los actos que realizan, sus consecuencias, opinar y participar activamente en su proceso, entre muchas otras cuestiones. Todo esto tiene que ver, desde luego, con la etapa en la que están, pues la ley abarca diversos grupos “etarios” que implican diferentes edades. También la especialización de cualquier persona operadora de este sistema para realizar este trabajo es primordial y obligatoria.
